#104 En busca de una ley
Una ley contra el negacionismo está naciendo: ¿de qué se trata? // Nuevas pruebas de que Victoria Villarruel es prodictadura y los pedidos de su ex compañera de andanzas Cecilia Pando // veredictos de lesa humanidad recientes, nuevos jucios y más en
Buenos lunes, amigue, ¿cómo estás? Espero que bien.
Si en Argentina, como en el resto de las dos decenas de países que cuentan con una normativa similar, rigiera una ley contra el negacionismo, Victoria Villarruel habría sido inhabilitada en su cargo de diputada debido a las numerosas declaraciones negacionistas y relativistas de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Tampoco habría podido ser candidata a vicepresidenta.
Aunque lo quiera meter debajo de una alfombra, la compañera de Javier Milei en la fórmula de ultraderecha que competirá con Sergio Massa y Agustín Rossi en el ballotage el próximo 19 de noviembre militó por la libertad de los genocidas. Acá lo cuenta Luciana Bertoia, que también rescató la postura de Mario “Churrasco” Sandoval, miembro de la patota 3.3. de la ESMA, prófugo durante décadas en París y condenado desde hace poco más de un año en Buenos Aires, en favor del binomio negacionista de La Libertad Avanza.
Mientras, los discursos negacionistas, apologistas de la última dictadura y reivindicadores del accionar genocida de represores no cesan. Los días pasados nos tocó sufrir el retorno de Cecilia Pando y su lectura, clara como el agua, de por qué la ultraderecha aboga por la libertad para los genocidas de la última dictadura. Seguro viste el videito, no es necesario que lo comparta por acá, ¿no? Plis, no. Recibió repudios, claro.
En Santa Fe, en tanto, un juez elogió a Javier Milei porque “odia a los kirchneristas, a los malandras, a los retrógrados comunistas subversivos”. 🫢
Lucila de Ponti pidió su juicio político.
https://twitter.com/eduardotoniolli/status/1719699094870868081?s=20
Finalmente, la posibilidad de que Argentina cuenta con una ley que prevenga y sancione los discursos negacionistas y relativistas del genocidio que sufrimos durante la última dictadura cívico militar eclesiástica argentina y también que sucedieron en otras partes del mundo comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados.
Hay allí, desde hace bastante tiempo, un puñado de proyectos de ley que se diferencias desde la sanción que aplicarían –penas de prisión, multas– hasta el sector al que afectaría el flamante delito –población en general, funcionaries, empleados públiques, candidates–.
El viernes sumaron sus iniciativas los organismos y la Secretaría de Derechos Humanos que plantean un diferencial: ponen el acento en la educación, en la capacitación obligatoria en la materia para toda área del Estado y sostienen como posible sanción la inhabilitación para ejercer cargos públicos: porque los representantes de un Estado democrático no deben echar a rodar discursos que atentan contra la democracia. Es sentido común, ¿no? Referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, H.I.O.J.S. y otros organismos expondrán ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja mañana.
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Hubo dos veredictos la semana pasada en juicios de lesa humanidad. Por un lado, el genocida Santiago Omar Riveros, quien manejó el Comando Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura, recibió una nueva condena a prisión perpetua –es la décimo tercera, según contaron les compas de La retaguardia que retransmitieron la audiencia–. En esta ocasión, fue el único acusado y condenado por el secuestro, las torturas y el homicidio de Mario Hernández, abogado de presos políticos y militante de Montoneros, a mediados de 1976.
Fue el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín el responsable de ese veredicto que sucedió el jueves. El mismo día, por la tarde y en Salta, el Tribunal Oral Federal impuso la segunda condena por crímenes de lesa humanidad al exdueño de La Veloz del Norte Marcos Levín por el secuestro y los tormentos impuestos a 16 trabajadores de esa empresa. Levín recibió un castigo de 18 años de prisión. Los otros dos acusados, el exdirectivo de la compañía transportista José Grueso y el ex comisario Víctor Hugo Almirón recibieron penas de 16 años de encierro. Elena Corvalán escribió la crónica del veredicto y también recogió las palabras de Víctor Cobos, el ex delegado gremial que denunció a Levin.
La semana ya venía mal para el expropietario de La Veloz y los otros dos acusados. Dos días antes de conocer la decisión del tribunal que los juzgó por segunda vez, supieron que la Cámara de Casación confirmó la primera condena que recibiieron en 2016 a 12 años de cárcel por las violaciones a los derechos humanos que había sufrido de su mano Cobos.
Hoy tendremos veredicto en Corrientes, lo que será el cierre del juicio que repasó crímenes de lesa humanidad cometidos por los nueve integrantes de la patota que respondía a la Brigada de Infantería VII de Corrientes que permanecen vivos o en estado de ser juzgados. El Tribunal Oral Federal de Corrientes deberá definir si condena o no a los acusados –militares y gendarmes retirados– a los que se los responsabilizó por secuestros y torturas de un centenar de personas dentro de los límites de lo que fue la subzona 23.
El jueves en La Plata comenzará el juicio contra dos policías retirados de la comisaría de Berazategui Juan Keller y Héctor Amado y el exministro de Gobierno bonaerense de la dictadura, Jaime Lamont Smart por el homicidio de Horacio Orué y el secuestro y las torturas contra su hermano Raúl Aguirre, Marcelina Juani y sus dos hijos, que al momento de los hechos –abril de 1978– eran niños. En esta nota está resumida la historia.
En los debates orales por las causas Superintendencia de Seguridad Federal –CABA–, Jefatura III –Tucumán–, Zona V del Ejército –Bahía Blanca–, 1 y 60/Comisaría 8va –La Plata– y La Huerta –Mar del Plata– continuaron los testimonios. Los de Bahía fueron los últimos previo a las inspecciones oculares que sucederán el miércoles y el jueves. Luego, arrancarían los alegatos.
En el quinto juicio por los crímenes de Circuito ABO y la causa Britos, en La Rioja, continuaron los alegatos. En Neuquén, los acusados Pedro Duarte y Víctor Ortiz oyeron los cargos que se le endilgaron las querellas por no investigar crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en esa provincia y tuvieron la oportunidad de ampliar sus declaraciones indagatorias: responsabilizaron a los familiares de las víctimas de no hacer lo suficiente por sus seres queridos secuestrados, mirá vos. Seguirá el viernes 17 de noviembre.
Así queda el cronograma para esta semana:
Violencia sexual, delitos de lesa humanidad: La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el criterio unánime de ese tribunal a la hora de incluir a la “violencia y/o abuso sexual” como parte del plan sistemático implementado por la última dictadura cívico eclesiástico militar y considerarlo un delito de lesa humanidad, por ende imprescriptible. Lo hizo a través de un boletín de jurisprudencia que reunió las sentencias icónicas al respecto. Ahora se espera que la Corte active con las causas que tiene durmiendo.
A cárcel común: La misma Cámara, aunque distinta sala, puso fin al beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba el represor Juan Daniel Amelong, integrante de la patota del Destacamento 121 de Inteligencia de Rosario, y ordenó que regrese a la cárcel vip de Campo de Mayo. Amelong purga tres condenas a perpetua, una a diez años y una quinta por la sustracción de los mellizos Gullino, mientras que está siendo investigado por un desaparecido de La Calamita, uno de los centros clandestinos en los que actuó durante la dictadura. Como dijo la tapa de Rosario|12, “Homenaje a los 40 años de democracia”.
El que quiere salir de la cárcel es Ernesto Weber, expolicía federal y uno de los feroces represores de la ESMA, quien solicitó la excarcelación. El lunes, el TOF 5 de CABA habilitó una audiencia pública para que sobrevivientes y familiares de víctimas de ese centro clandestino pudieran explicar por qué dejarlo libres es un retroceso en las políticas de memoria, de verdad y de justicia. Seguí la audiencia y resumí algunos de los argumentos de quienes hablaron en este hilo de tweets, aunque podés escucharla completa acá.
Detención en Bahía Blanca: El excomisario de la Policía Bonaerense Luis Ángel Scumacher, de 69 años, fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bahía Blanca. La orden la dio el juez federal Walter López Da Silva por cuestión de domicilio, pero el juez que intervino en la causa es Ernesto Kreplak, quien lo acusó de delitos de lesa humanidad. A Scumacher lo mencionó Stella Maris Sposito, que declaró como testigo-víctima el jueves pasado en 1 y 60. Según la nota linkeada, el tipo está siendo investigado en una causa en la que está involucrado Alberto Crinigan, un genocida que coescribió un librito prodictadura junto con ¿quién? adiviná: Victoria Villarruel.
Dónde está López: La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, al debido proceso legal, a la protección judicial efectiva y a la integridad personal, en perjuicio de Jorge Julio López y de sus hijos.
Batalla contra la censura: La pelea de La retaguardia por evitar que el Tribunal Oral Federal número 5 le impida retransmitir el juicio contra el genocida de la ESMA Horacio “Pantera” Ferrari sigue su curso. Juntaron más de mil firmas en repudio a la decisión judicial.
La Memoria en un videojuego: Naná, un videojuego basado en la historia de vida de una hija de desaparecidos se presentó en la primera JAM de videojuegos enfocada en derechos humanos, organizada por Women In Games Argentina y el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex Esma).
Mucha, mucha info, como siempre.
Te mando un abrazo, nos leemos la semana próxima.