#139: Transmisión es igual a transparencia
Por primera vez desde que se reanudaron los juicios de lesa humanidad, la Cámara de Casación Penal falló a favor de su televisación. Y eso es histórico, pues la decisión de dos de los tres integrantes de la Sala II deberá sentar jurisprudencia de aquí en más y evitar así que ningún otro tribunal se niegue a transmitir ningún proceso oral y público de punta a punta. Como dice en este posteo La retaguardia: es histórico.
La jueza Ángela Ledesma y el juez Alejandro Slokar fallaron en el marco de un recurso de Casación presentado por los fiscales de Rosario Adolfo Villate y Juan Murray que discutieron la decisión del Tribunal Oral Federal número 2 de limitar la transmisión solicitada por La Retaguardia de las audiencias del juicio «Saint Amant IV» a las instancias de apertura y cierre del debate. Estaban incluidas allí las indagatorias de los acusados y los alegatos, además de la lectura de la acusación y del veredicto, pero no los testimonios.
Les camaristas citaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que describió al carácter de público como “una de las principales características» del proceso penal. “La publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se relaciona con la necesidad de la transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen».
También citan acordadas de la propia Casación sobre la transparencia y publicidad del juicio, que «no sólo se garantizan con la presencia de las partes durante el mismo, sino también con la obligación de ‘arbitrar los medios para transmitir la audiencia a través de plataformas tecnológicas idóneas, a fin de garantizar la publicidad del acto”. Por último, consideraron que hubo una «falta de fundamentación» de parte del TOF para sostener su decisión de «impedir o restringir en cierta parte la difusión de todo el debate oral». Así, anuló aquella decisión del tribunal y ordenó tomar una nueva decisión.
Se espera que para luego de la feria de invierno –que comienza hoy en la mayoría de las provincias del país y culminará dentro de dos semanas– La Retaguardia pueda transmitir los testimonios de Saint Amant IV y que ya no reciba más negativas para hacer lo mismo con futuros debates.
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Un nuevo juicio: El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 68 trabajadores del Ingenio La Fronterita tiene fecha de inicio: 17 de febrero de 2025. Es el primer juicio que se desarrollará en la provincia que juzga la responsabilidad empresarial en este tipo de delitos.
Una causa que espera: Entre 1976 y 1983, hubo al menos 36 obreros de Propulsora Siderúrgica víctimas de la dictadura. Los casos se investigaron en un juicio por la represión al cordón industrial de la zona pero sólo fueron condenados los uniformados y los jueces ordenaron investigar responsabilidades empresarias. En ese contexto, víctimas y sobrevivientes acudieron a la fiscalía de La Plata para exigirlo. «Queremos que de una vez por todas se investigue a los empresarios», afirman.
Un pedido en espera: Lucio César Nast alias «Ronco» , un represor condenado en varios tramos de la megacausa Feced, había solicitado el beneficio de la libertad condicional. Después de escuchar a cuatro de sus víctimas, al fiscal federal Adolfo Villatte y a la abogada querellante Gabriela Durruty por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el tribunal decidió un cuarto intermedio hasta hoy para decidir.
Un freno: La Sala II de la Cámara de Casación –con votos de Ángela Ledesma y Alejandro Slokar– revirtió las libertades condicionales de los militares Rafael Barreiro y Horacio Losito, y la excarcelación del marino Juan Carlos Rolón, exmiembro de los grupos de tareas de la ESMA, todos represores condenados que habían sido beneficiados por los tribunales que los juzgaron.
Un favor: La Cámara Federal confirmó el cierre de una causa contra el presidente, Javier Milei, su vicepresidenta Victoria Villarruel y el «Tata» Yofre por su postura negacionistas sobre la última dictadura. Debido a la falta de impulso fiscal que tuvo la denuncia, María Servini declaró «imposibilidad de proceder», lo que fue confirmado por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. El fiscal era Carlos Storneli.
Un guiño: El ministro de Defensa Luis Petri completó el desguace del Equipo de Relevamiento y Análisis que trabajaba sobre los archivos militares de la última dictadura al derogar la resolución que lo creó en marzo de 2010 con la publicación de su disolución en el Boletín Oficial, la semana pasada.
A la ronda: Tras la convocatoria de los organismos de derechos humanos alarmados por el avance del Gobierno de La Libertad Avanza sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la ronda de las Madres de Plaza de Mayo de cada jueves exploto de gente. Fue Estela de Carlotto que en esta ocasión encabezó la ronda.
Te compartí la semana pasada artículos que contaban sobre la intención latente del Ejecutivo de cerrar la unidad de investigación especializada en la búsqueda de nietos y nietas apropiados que funciona en la Conadi. Ante este panorama, las Abuelas de Plaza de Mayo relanzaron su campaña para recaudar fondos para que la búsqueda no frene.
Una imputación: Casi ocho meses después de haber compartido una foto de un Falcon verde tras la victoria de Javier Milei, un excomisario de San Antonio Oeste, en Río Negro, fue formalmente imputado por la Justicia.
Aniversario: El 4 de julio se cumplieron 48 años de la masacre de San Patricio.
Un regreso: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó este jueves reinstaurar una comisión especial sobre crímenes durante la dictadura militar (1964-1985), que había sido suprimida por su antecesor de ultraderecha Jair Bolsonaro.