#141: Y ahora, a los de Campo de Mayo
Buenos días, nos enteramos ayer por la nota de Luciana Bertoia en Página/12 de que Astiz y sus compañeros de la ESMA presos en Ezeiza no fueron los únicos genocidas que cumplen condenas en cárceles comunes visitados por el Gobierno nacional.
Desde el Ministerio de Defensa confirmaron ante un pedido de información pública de la periodista que dos funcionarios de esa cartera acudieron a la Unidad Penal número 34, la «cárcel vip» de Campo de Mayo, que solo aloja a represores de la última dictadura cívico militar.
Esta visita fue bastante antes que la de los seis diputados de La Libertad Avanza a los represores de Ezeiza, un paso en falso del oficialismo en el ajedrez de la rosca política que sigue cosechando repudios en todo el mundo, aunque aún no dio respuestas a la Justicia ni siquiera fue mencionado al pasar durante la reunión bilateral que mantuvo Javier Milei con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Según la respuesta recogida por Bertoia, el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Guillermo Madero, y el director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Lucas Erbes, visitaron la cárcel vip de Campo de Mayo el 7 de marzo pasado. El supuesto objetivo de la comitiva fue «con el objetivo de visitar y «ver el estado de las instalaciones”.
Sin embargo, parece que los genocidas les encajaron un «boceto de decreto para declarar que todos sus crímenes ya no se pueden perseguir por el paso del tiempo, lo que estaría en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema que sostiene que son delitos imprescriptibles», sostiene la periodista en su artículo de tapa de domingo. Lo vienen pidiendo hace rato, es la ilusión que aún no pierden, es absolutamente ilegal.
No fue la única noticia que emanó del área que «maneja» Luis Petri, esta semana, cuando se confirmó que Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal –dos militantes de organizaciones pro genocidas– aguardan la formalización de su designación en la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM), que depende de Defensa, pero ya están «trabajando». Su oficina, cuenta Bertoia, es la que usaban los Equipos de Análisis de Archivos de las Fuerzas Armadas, programa que Petri y La Libertad Avanza cerraron.
EL Centro de Estudios Legales y Sociales sistematizó y resumió en cinco ejes las acciones que viene llevando a cabo el gobierno para atentar contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Aquí podés descargar el informe, que se llama «Memoria cancelada».
La semana en juicios
Finalizada la feria de invierno, hoy retoma el trabajo la totalidad de las jurisdicciones judiciales del país. Y el regreso trae dos juicios de lesa humanidad nuevos.
Sucederán en Salta. El miércoles a las 16 comenzará el tercer juicio de lesa humanidad que se desarrolla contra Joaquín Guil, que durante la última dictadura fue director de Seguridad de la Policía provincial y que n la última semana recibió la confirmación de la condena que recibió por abuso sexual a fines del año pasado–. Lo acompañará en el banquillo de los acusados Ernesto Repossi, militar retirado que se desempeñó como segundo jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal.
Serán juzgados por crímenes de lesa humanidad que sufrió Pedro Urueña. Pedro fue secuestrado de su casa el 16 de diciembre de 1975, de madrugada, y ejecutado de un disparo a la vera de un camino rural, en las afueras de la ciudad de General Mosconi. Su cuerpo fue dinamitado.
El jueves a las 13 comenzará otro juicio en la ciudad de Salta, que repasará el secuestro y las torturas que sufrió Eduardo Porcel, en enero de 1975. El único acusado es Juan Carlos Alzugaray, exinspector de la Delegación de Salta de la Policía Federal, uno de sus torturadores. Porcel fue detenido sin orden judicial mientras viajaba por la ruta nacional 9, torturado en la Central de Policía provincial, en la Delegación salteña de la Federal y luego en el centro clandestino «La Escuelita de Famaillá». Pasó por varios penales del país hasta ser liberado en 1982.
El cronograma de audiencias, aquí.
Otras noticias
Intervención: Después de casi ocho meses de ahogamiento financiero –no bajó un peso del presupuesto correspondiente por ley– el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital humano, intervino la Universidad Nacional de las Madres. Esta mañana, la Asociación Madres de Plaza de Mayo y el gremio docente de esa casa de altos estudios convocaron a «defender la autonomía universitaria y frenar el avasallamiento del Gobierno de Javier Milei».
La memoria privatizada: Desde Mar del Plata denunciaron que con la venia del intendente Guillermo Montenegro toman fuerza las intenciones de montar un bar destilería en parte del predio donde funcionó el centro clandestino de detención de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y que hoy es el Espacio Faro de la Memoria.
Adios: El sábado falleció Alfredo Ayala, «Mantecol», sobreviviente y testigo fundamental de la ESMA. Fue militante del Movimiento villero peronista en la zona norte del Gran Buenos Aires, uno de los cautivos obligados a hacer trabajo esclavo para sus captores y su testimonio fue importante para determinar qué modificaciones los represores le habían hecho al centro clandestino que funcionó en el Casino de Oficiales. Hasta siempre y gracias por todo.
Agenda
Abrazo: El sábado desde las 12 la Comisión de Trabajo y Consenso del ex centro clandestino Club Atlético organizará un «Abrazo solidario» al espacio de memoria con el objetivo de apoyar las políticas públicas de memoria y repudiar el intento de vaciamiento por parte del Gobierno nacional.
