#150: Luchar garpa
Ahora y siempre - Newsletter de lesa humanidad y memoria
“Me asfixio! Dios!/pienso en mi cara.../se está quemando/ahora, mi cara.”
Así inauguró el Indio Solari la versión cancionera de la Masacre del Pabellón Séptimo, la más grave matanza carcelaria de la historia del país en la que la violencia penitenciaria, envalentonada por la ferocidad de la última dictadura cívico militar, asesinó a 65 presos e hirió a otros 88 que cumplían encierro en el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto.
El miércoles pasado, 46 años después de haber sucedido, comenzó a escribirse la historia de ese crimen en versión Justicia pues el Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires inauguró el juicio de lesa humanidad por esos crímenes.
La causa llega a debate más de una década después de que el sobreviviente Hugo Cardozo compartiera su historia con las abogadas Claudia Cesaroni y Natalia D’Alessandro y empujaran, juntes, el pedido para que la matanza fuera considerada crimen de lesa humanidad y, así, pudiera ser investigada y los responsables —quienes quedaran con vida—, llevados a juicio. TRansmitió y transmitirá el resto del debate La Retaguardia.
La semana en juicios
Además de la apertura del juicio por la matanza carcelaria de Devoto, hubo otras novedades en la agenda judicial. La Fiscalía culminó su alegato en el juicio de Bahía Blanca con pedidos de condenas para los 35 acusados, además de pedidos de medidas reparatorias concretos.
Dejo el calendario de audiencias para esta semana:
Otras noticias
Visita a genocidas: La Cámara de Diputados sigue sin pronunciarse sobre les diputades oficialistas que visitaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza, a seis meses de difundido el episodio. La oposición sigue reclamando que sean sancionades.
Condena confirmada: La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia que condenó a Jorge “Tigre” Acosta y a Alberto “Gato” González por delitos sexuales cometidos en el campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Volver a la cárcel común: Dos represores deberán volver a la cárcel común luego de que la Justicia de segunda instancia revocara el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozaban.
Uno es Héctor Marc, exintegrante del Servicio Penitenciario Federal y condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito ABO.
Otro es Walter Pagano, el exagente civil de inteligencia con condenas a prisión perpetua en tres causas y a 5 años de prisión en otra más, mas su procesamiento en otras dos. La Corte Suprema ordenó al Tribunal Oral Federal N°1 que disponga su traslado al penal federal que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo.
El topo santafesino: Esta historia es increíble. En agosto pasado, la Justicia argentina detuvo e indagó a Gabriel Kesler, un hombre que fue, durante la última dictadura cívico militar y sus años previos, personal civil de inteligencia infiltrado en el PRT. En plena dictadura, desde Brasil, el represor dejó registro de su historia, como responsable de la “caída” de más de 100 militantes. Hace 40 días, la Fiscalía de Santa Fe solicitó se lo procese por el secuestro de cuatro personas durante 1974. Aún no hay novedades.
Morir impune: El represor Ernesto Villarruel, tío de la vicepresidenta Victoria Villarruel, falleció sin ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad por los que fue procesado en 2015. Actuó en el centro clandestino Vesubio.
Memoria sí, memoria no: La Fiscalía federal de Neuquén exigió a la Policía Federal que “resguarde los restos del texto y cartelería de señalamiento” del centro clandestino” instalado en la exDelegación de la fuerza.
En Turdera, por el contrario, familiares, vecines, funcionaries y agrupaciones de derechos humanos realizaron un homenaje a Pedro Juan Berger y María Antonia Berger, ilitantes que fueron asesinados durante la dictadura cívico militar.
Aniversario: La semana pasada se cumplieron 40 años del robo de documentación judicial vinculada a la última dictadura cívico militar en Rosario. Sucedió el 8 de octubre de 1984, cuando un grupo de desconocidos ingresó a los tribunales rosarinos y sustrajo información obtenida en 17 allanamientos en "casas operativas" del Ejército. La justicia condenó al responsable pero ahora busca dar con los autores materiales.