Buen mieeeeercoles. Tenía casi listo el envío de esta semana para el lunes, pero en pos del descanso de todes decidí posponerlo para hoy, que es el día en el que verdaderamente comienza la semana.
Mientras los juicios de lesa humanidad aparecen en la agenda de los tribunales a cuentagotas. Mientras los procesos son cada vez más pequeños y sientan cada vez menos acusados en el banquillo. Mientras sobrevivientes y familiares de la última dictadura empujan, reclaman y esperan. Pasan otras cosas.
La semana pasada, por ejemplo, el exsargento Juan Carlos Fotea, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en la ESMA, accedió a la libertad condicional al cumplir en prisión las dos terceras partes de la sentencia. El TOF 5 se había negado, pero la sala II de la Cámara Federal de Casación le ordenó que avance con el beneficio a pesar de que las víctimas lo habían rechazado. Dice Página 12 que el tipo volverá a dedicarse a administrar restaurantes. Habrá que investigar para ver cuáles y así ni pisarlo.
Los juicios que vienen
Abrí el calendario y empezá a anotar:
*El 7 de marzo empieza un juicio de lesa humanidad en Córdoba. Los acusados son tres: Ernesto “Nabo” Barreiro, histórico genocida de la provincia, carapintada, bocón; Carlos Villanueva, quien solicitó su apartamiento por problemas cardíacos, pero, oh casualidad, está imputado y participa en el juicio por los crímenes de la Zona V de Bahía Blanca; y Carlos Alberto Díaz, a quién en un principio se lo había dado por muerto. Pero no. Vivito y con domiciliaria. Las víctimas son tres militantes sindicales que fueron secuestrados y torturados. uno falleció en la tortura.
*El 9 de marzo arranca otro juicio en Santa Fe. Un solo acusado, Julio Adelaido Ramos, personal civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército. Una sola víctima, Luis Felipe Solé, secuestrado y torturado. El debate será cortísimo: se prevé que en un mes haya sentencia.
*El 10 de marzo, en La Rioja, va a comenzar a juzgar a Eduardo Britos, elúnico responsable del homicidio de Wenceslao Pedernera que sigue vivo (creo que ya te lo comenté en entregas pasadas). Britos deberá responder por violaciones a los derechos humanos de otra cuarentena de personas.
*En abril, el 12, está pautado el inicio del décimo juicio de lesa humanidad que se llevará a cabo en Corrientes. Unos 10 acusados —eran 12 pero dos fueron dados de baja por cuestiones de salud— que actuaron desde diferentes fuerzas de seguridad y militares la subzona Corrientes del área militar 341 deberán responder por secuestros, torturas, y homicidios contra unas 100 personas investigados en la causa caratulada "Séptima Brigada de Infantería". En esta entrevista una militante de derechos humanos local da más detalles.
*En San Martín, por el momento, no hay próximos juicios a la vista aunque se esperan novedades sobre el proceso oral y público contra el policía retirado y ex agente de inteligencia Roberto Álvarez, reconocido en el juicio Contraofensiva por una sobreviviente de Campo de Mayo cómo quien la traslado desde El Campito. La semana pasada hubo una audiencia preliminar para organizar el debate.
Los juicios de la semana
La que pasó, en cambio, fue una semana cargadita. Hubo testimonios fuertes en los juicios por la apropiación de Victoria Donda —la sobreviviente Lidia Vieyra reconstruyó la idea del hilito azul en la oreja de Victoria bebé recién nacida—, Sheraton IV, Bahía Blanca y Mar del Plata —en donde el juicio La Huerta cumplió un año—. Comenzaron los alegatos fiscales en el juicio por la apropiación de los hermanos Ramírez y el asesinato de su mamá y otros militantes, y continuaron en General Roca, en Mendoza y San Juan.
En Brigadas fue una jornada de lectura de acusaciones y de indagatorias. El presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, Ricardo Basilico, le puso los puntos a uno de los acusados, el exinterventor de la provincia Jaime Lamon Smart, que se hacía el pillo leyendo el diario mientras le leían las atrocidades (más) por las que sería juzgado. Le importó poco.
La que empieza hoy será una semana corta y no contendrá mayores novedades. Arranca con testimonios en ABO V y Guerrieri IV y continúa el jueves con testimonios en Bahía Blanca y alegatos en La Plata, San Juan y Gral Roca. El viernes tendremos indagatorias a los policías retirados acusados en Superintendencia III.
La versión de la Iglesia
Los días pasados, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentó la obra "La verdad los hará libres: la Iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983", editada por Planeta. Se trata de una investigación que la institución señala como histórica, realizada por encargo de la propia Iglesia por los teólogos e historiadores Carlos María Galli, Luis Liberti, Juan Durán y Federico Tavelli, entre otros, a partir de la desclasificación de documentación relacionada a la violencia política de los '70 y la represión durante la dictadura cívico-militar que se encontraba archivada en el Vaticano y la Iglesia argentina.
Previo a la publicación de los libros, algunos documentos de la información desclasificada fueron presentadas ante la Justicia argentina -concretamente ante el juez federal Ariel Lijo- con el objetivo de "ayudar a lograr una justicia largamente esperada", según indicó la CEA en comunicado. Lijo ya los recibió y los puso a disposición de las Cámaras Federales de todo el país.
El primer tomo de “La verdad los hará libres” ya está circulando. El segundo, que contendrá específicamente documentos desclasificados, estará disponible a principios de marzo y el último a mediados de año.
Télam informó el sábado 18 sobre la publicación de la obra con varios cables —que rebotaron en varios medios— entre los que figura una entrevista a Galli, el decano de la facultad de Teología de la UCA, y uno de los responsables de liderar la investigación. Rescato este intercambio:
Télam: —En lo personal, ¿qué significó para usted formar parte del equipo que realizó esta obra inédita, largamente esperada por distintos sectores de la sociedad?
Galli: —En principio, quiero aclarar que no contamos con más información de la que existe sobre el destino de los desaparecidos, sino sobre los pedidos de ayuda que recibió la Iglesia por parte de familiares de desaparecidos o secuestrados, como también de las gestiones que hizo para encontrar información. Son historias dolorosísimas, leer los archivos fue como un cierto descenso a los infiernos -como decía Ernesto Sábato-: se ve la maldad humana, se comparte el dolor de la víctima. Se observa un espiral demoníaco de violencia, los límites de la maldad humana que culminó en el terror de Estado, con todo lo cruel que implicó usar el Estado para desaparecer personas. Pero no hablamos en el libro de la suerte o el destino final de los desaparecidos. No es que la Iglesia supiera más y tuviera escondida esa información. No hay que pretender eso de los archivos. Lo que buscamos investigar es cómo actuó la iglesia frente a los pedidos que le llegaban en base a lo que estaba sucediendo.
Baja
Desde el viernes pasado es correcta la expresión “exmarino” para Carlos Marandino. Recién ese día el Ministerio de Defensa, por pedido de su director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami, ordenó su baja de la fuerza. Marandino fue condenado en 2012 por su participación en la Masacre de Trelew, una sentencia que quedó finalmente firme recién el año pasado.
La casa del secuestro
El 13 de febrero, el lunes pasado, se cumplieron 47 años del operativo en el que una patota del Ejército y la Policía bonerense secuestró a Victoria Montenegro cuando era apenas una bebé de semanas, a su mamá y su papá —jovencísimos—. Victoria fue apropiada por quien comandó ese operativo, el coronel Herman Tetzlaff, confirmó su verdadera identidad en julio de 2000 y recibió años después los restos de Roque, su papá, a quien los genocidas habían intentado desaparecer arrojándolo desde un avión al Río de la Plata.
Lo que nunca supo fue cuál había sido la casa de la que se los habían llevado a les tres. Una casa “humilde” en William Morris, ubicada a 7 cuadras de la estación de trenes, que nunca se animó a buscar. Hasta hace algunos meses. Finalmente, la encontró.
La dictadura no solo desapareció gente
Hace 46 años, un 14 de febrero de 1977, de manera ilegítima bajo la dictadura genocida se sancionó la “ley de entidades financieras”, previo desarme de la “nacionalización de los depósitos bancarios”. ¿En qué consistió? ¡Por qué seguimos sufriendo sus efectos?
Pozo de Vargas
La semana pasada la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán difundió la definición de la Justicia federal de la provincia sobre el fin de las tareas de excavación en el Pozo de Vargas. La Unidad de derechos humanos de la Fiscalía federal en la provincia recordó, días después, que resta mucho trabajo. Un repaso necesario hace acá David Correa para ElDiarioar.
Peli
Mientras “Argentina, 1985” continúa su recorrida por competencias en todo el mundo, el domingo se estrenó en la Berlinale “El juicio” el documental que Ulises de la Orden realizó con los registros del Juicio a las juntas. “Hasta ahora, quizás ninguna película sobre la dictadura cívico-militar argentina fue tan concreta, tan precisa y a la vez tan abarcadora”, dice Luciano Monteagudo en esta reseña.
Adios
El domingo pasado falleció Orlando «Nano» Balbo, reconocido luchador por los derechos humanos de Neuquén. Detenido y torturado durante la última dictadura cívico militar. en el centro clandestino “La Escuelita”, su testimonio fue clave en los juicios por lesa humanidad.
Bonus Track
¿Te acordás de que el lunes pasado te recomendé el libro de los académicos Ana Concha Bocanegra y Santiago Garaño sobre el Operativo Independencia? Los entrevisté para Página/12
También te recomiendo este texto que escribió Marina Franco para la Revista Haroldo sobre la eficacia de la apelación al Nunca Más para combatir discursos de odio.
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Hasta el lunes que viene.
El jueves no está la lectura de los fundamentos del juicio de Sandoval?