Una justicia que tardó cien años
¡Ahora y siempre! Newsletter sobre lesa humanidad y memoria #32
Tras un juicio por la verdad que habilitó la escucha de las víctimas y sus familiares y desplegó las piezas de la historia en su versión, hasta entonces, no oficial, la jueza Zunilda Niremperger declaró que la Masacre de Napalpí, en la que entre 400 y 500 integrantes de las comunidades qom y moqoit del Noreste argentino fueron asesinados, perseguidos y muchos de ellos desaparecidos, fue “un delito de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso genocida de los pueblos indígenas". La sentencia, que se conoció el jueves, impuso al Estado argentino medidas reparatorias en materia de políticas de salud, de educación, de capacitación a las fuerzas de seguridad en diversidad cultural y de construcción de memoria sobre los hechos.
La periodista Mariángeles Guerrero, de Agencia Tierra Viva, resumió en esta nota la sentencia, que no menciona medidas vinculadas con la restitución de tierras, destaca la periodista. El artículo es, también, una crónica sobre los hechos que posibilitaron el juicio por la verdad, llevado a cabo entre Resistencia, Chaco, y Ciudad de Buenos Aires el último mes. El veredicto es histórico y vuelve a ubicar a la Argentina en la vanguardia internacional sobre los modos en los que un país puede revisar su historia y reparar, en la medida de lo posible, sus crímenes con Justicia y Verdad. Queda ver cuánto de este hecho contundente moviliza los cimientos de nuestra identidad, cómo recogemos el guante fronteras adentro.
Riveros a un paso de la libertad
El amo y señor de la vida y la muerte en Campo de Mayo durante la última dictadura, Santiago Omar Riveros, quedó a principios de la semana pasada, a un paso de obtener la libertad. Sucedió luego de que el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, por orden de la Sala II pro genocida de la Cámara de Casación, le habilitara el beneficio de la libertad condicional por considerar que el genocida cumplió encerrado más de la mitad de la condena a prisión perpetua, en la que fueron unificadas algunas de las varias que recibió por su responsabilidad directa en crímenes de lesa humanidad.
Sobrevivientes y familiares de víctimas de Campo de Mayo, o sea de este tipo, además de referentes de organismos de derechos humanos y militantes de la causa intentaron que esto no ocurriera el año pasado, pero no fueron tenidos en cuenta. Ahora queda esperar a ver en qué decanta las apelaciones que presentarán a través de sus querellas y observar qué decide el Tribunal Oral Federal número 3 de Ciudad de Buenos Aires, que tiene la llave final.
Riveros tiene 99 años y hace por lo menos 20 que está cumpliendo encierro —la mayoría del tiempo lo pasó en su casa, es cierto—. Y cuidado con este dato: no es el único que acudió ni acudirá a la calculadora para reclamar libertad condicional.
Otro que fue beneficiado por los mismos camaristas Carlos Mahíques y Guillermo Yacobucci días atrás fue el ex juez federal Ricardo Lona. Con el voto mayoritario de la sala II de la Casación Penal, anularon la condena como partícipe secundario del homicidio del ex gobernador Miguel Ragone, hecho cometido en marzo de 1976, en la ciudad de Salta, en el marco del terrorismo estatal, contó Elena Corvalán en esta nota.
Mientras tanto, la Iglesia….
…anda estudiando un pedido de un grupo de laicos, civiles y militares retirados, todos pro genocidas, para que sea beatificado el coronel Argentino del Valle Larrabure, que fue secuestrado en Córdoba por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974 y cuyo cadáver apareció en Rosario en 1975. La noticia la dio La Nación, obvio, que habló, obvio, con el obispo castrense Santiago Olivera, a cargo del proceso y anda recogiendo testimonios y documentación.
Repaso de audiencias
El lunes pasado comenzó el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Ramos Mejía, que funcionó como centro clandestino de detención bajo la órbita del Grupo Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela, donde prestaban funciones los acusados: los militares retirados Rodolfo Enrique Godoy, Roberto Obdulio Godoy, ya condenados por crímenes cometidos en el centro clandestino Sheraton, y Francisco Rodolfo Novotny, por primera vez en el banquillo. La próxima audiencia se llevará a cabo el lunes próximo.
El martes, el juicio por las violaciones a los derechos humanos en los pozos de Banfield y de Quilmes y el Infierno —el juicio de las Brigadas, como se lo conoce mediáticamente— fue nuevamente noticia. Es que uno de los testigos de esa audiencia, Rubén Schell, brindó testimonio desde el Pozo de Quilmes, el centro clandestino en donde estuvo secuestrado durante el terrorismo de Estado. Buena crónica ésta.
Hubo testimonios en Salta y en Resistencia, Chaco. El jueves hubo audiencia de testigos en el juicio por los hechos sucedidos en la Quinta La Pastoril, en los tribunales de San Martín y en Bahía Blanca, en el juicio por los hechos de la Zona V.
El viernes dos sobrevivientes de la Comisaría número 2 de Tandil y del centro clandestino conocido como “La Huerta”, que allí funcionó, declararon como testigos en el juicio que revisa esos crímenes. Lo hicieron vía streaming ante el Tribunal Oral Federal De Mar del Plata.
El mismo día, en Ciudad de Buenos Aires, ampliaron sus declaraciones indagatorias tres acusados en el juicio contra la patota del Regimiento de Infantería número 6: Emilio Morello, Martín Sánchez Zinny y Horacio Linari. Obviamente, se hicieron las víctimas. Fueron sugestivas sus ganas de “hablar”, manifestadas en la misma audiencia en la que antes se escuchó —solo las partes actuantes en el debate lo hicieron, pues el Tribunal Oral Federal número 2 no permite que el juicio se transmita— al testigo de la defensa de esos imputados: Roberto Etchegoyen, hijo del militar que fue hallado muerto en la casa de San Andrés donde funcionaba una imprenta clandestina y también una "cárcel del pueblo" y donde la patota desplegó el operativo eje del juicio.
“En el contexto de que el TOF niega escuchar a familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado cuesta entender por qué” el TOF escucha “al hijo de una persona cuya muerte no se juzga aquí”, señalaron, con mucho tino, desde el medio comunitario La Retaguardia en un hilo de tweets al respecto. A través de una resolución que emitió el viernes, el tribunal confirmó que no habilitará a los testigos reclamados por la querella. Se espera que los alegatos comiencen en dos semanas.
Identificación en Corrientes
El hijo de Pantaleón Romero recibió la semana pasada los restos de su padre, un dirigente correntino de las Ligas Agrarias secuestrado y desaparecido durante la última dictadura, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) en 2018. Se trata de una sola pieza ósea que fue recogida de una exhumación realizada en 1977.
Una de la Corte a favor de la Justicia
Esta semana el máximo tribunal del país revocó la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había excluido de un fallo por crímenes de lesa humanidad los delitos de violación y abuso deshonesto cometidos contra un grupo de mujeres, víctimas de torturas durante la última dictadura militar en San Juan.
Abuso deshonesto y violación fueron dos delitos entre varios otros cometidos durante la última dictadura y considerados de lesa humanidad por los que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan había responsabilizado en julio de 2013 a los represores Jorge Antonio Olivera, Horacio Julio Nieto, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco del Torchio, Daniel Rolando Gómez y a Alejandro Víctor Manuel Lazo. La Casación, sin embargo, los quitó de la sentencia en un fallo que la Corte dio vuelta en una resolución que fue unánime.
Vandalización y negacionismos
Trabajadores de Radio Presente, la radio del ex CCDTyE Olimpo, denunciaron que la semana pasada el lugar donde funciona el medio y el sitio de memoria sufrieron un acto vandálico. “Trabajadores del predio se encontraron, el lunes por la mañana, con la situación de que personas extrañas, cuyas identidades y motivos se tratan de establecer, habían ingresado al estudio de la radio y al sitio histórico. Entre otros daños descargaron los matafuegos existentes en el lugar, sobre la consola y los demás equipos de transmisión, provocando daños todavía no precisados”, relataron en un comunicado que difundieron vía redes. LA Secretaría de Derechos Humanos y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires repudiaron el hecho.
En Chubut, el Colectivo de Familiares Masacre de Trelew rechazó las declaraciones del jefe de la policía de Chubut, Víctor Hugo Acosta, que en una entrevista con un medio local consideró que las condenas y detención de los responsables por la matanza, sucedida hace casi 50 años, fue un hecho "complejo”, que “ninguno se resistió” y que era “gente grande”.
Para el colectivo de familiares "pretende instalar la teoría de los dos demonios". "Repudiamos estas actitudes, manifestando que el negacionismo es un hecho condenable y que las provocaciones de esa clase no pueden tener lugar en un año tan importante y doloroso para este colectivo y para el conjunto de la sociedad”, plantearon en un comunicado.
En Chaco, en tanto, organismos que conforman la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia repudió la presencia de una foto encuadrada del genocida Jorge Rafael Videla en una oficina de admisión del complejo penitenciario de Sáenz Peña, en donde también hay fotografías que homenajean, por ejemplo, a José de San Martín. Los organismos exigieron a la ministra de Justicia y Seguridad, Gloria Zalazar, “la revisión de sus protocolos internos y una sanción efectiva a sus protocolos”, dice esta nota que da cuenta de la denuncia.
Justo la semana pasada, en la que se cumplieron nueve años de la muerte del genocida que fue jefe del Estado mayor del Ejército y uno de los mandamás máximos del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio desplegado durante la dictadura que encabezó desde el 24 de marzo de 1976. Videla murió en la cárcel, cumpliendo condenas máximas por los crímenes que cometió.
Denuncia y reacción
Alicia Graziano fue delegada de base y trabajadora de la salud en el Sanatorio Güemes, fue secuestrada y torturada durante la última dictadura cívico militar eclesiástica y la semana pasada denunció en una entrevista radial que la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, Obsba, no le entregaba los medicamentos que necesita para paliar las consecuencias graves que le dejó la tortura. Tras la denuncia, la obra social solucionó la situación. Acá su historia.
Un censo con memoria
Según el censo que se llevó a cabo el miércoles pasado, somos, por lo que se sabe hasta ahora, unos 47 millones y piquito de habitantes en el suelo de la República Argentina. Rubén López completó el censo digital de su papá, el albañil y militante barrial Jorge Julio López, testigo fundamental en las causas que imputaron y permitieron condenar a Miguel Osvaldo Etchecolatz y otros represores del Circuito Camps; secuestrado, torturado y liberado durante la dictadura cívico militar y vuelto a secuestrar en 2006 en el marco del primer juicio de lesa humanidad que se llevó a cabo en La Plata.
“Según la carátula de la causa, 'Presunta desaparición forzada'. ¡Acá tendría que vivir un hombre!", escribió Rubén con lapicera en un papel que certifica el censo de su padre y que dejó pegado en la puerta de su casa.
Reclamo al otro lado del charco
Organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y políticas participaron el viernes en distintos puntos de Uruguay de una nueva edición de la Marcha del Silencio, con la que cada 20 de mayo se exige memoria, verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. En esta ocasión, la convocatoria que se repite desde 1996, cuando se hizo la primera caminata organizada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, el eje está puesto en el escaso avance de las causas por delitos de lesa humanidad en ese país y el proyecto de ley presentado por el oficialista Cabildo Abierto, que busca otorgarle prisión domiciliaria a represores mayores de 65 años. Escribe Carla Perelló para El Destape.
Para agendar
A las 11 de hoy, referentes del movimiento de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad volverán a señalizar la planta de Propulsora Siderúrgica, una de las empresas de Grupo Techint, ubicada en Ensenada, provincia de Buenos Aires, como Sitio de Memoria y con el objetivo de señalarla como una de las tantas empresas con responsabilidad en los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar. En el lugar ya había sido señalizado en 2019, pero se había arruinado.
En los meses previos al comienzo al golpe de Estado, tres trabajadores fueron asesinados por las bandas de ultraderecha Triple A y CNU. Durante la dictadura, al menos 23 trabajadores fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos, mientras que otras decenas fueron secuestrados y posteriormente liberados.
Para activar: pedido de solidaridad
¿Sos lector de Página/12? Les trabajadores que hacemos ese medio a diario necesitamos de tu apoyo y colaboración. No sé si sabrás, pero venimos sosteniendo un reclamo por recomposición salarial desde hace por lo menos dos meses, sin que la empresa dueña del medio, Grupo Octubre, en manos del dirigente sindical Víctor Santa María, reciba a nuestra comisión interna. Es que en Página cobramos salarios por debajo de la canasta básica. Si clickeás acá te lleva a un documento con más info.
Así que lanzamos una convocatoria a todes nuestres lectores, para que nos den una mano en amplificar nuestro reclamo. Les dejamos este cartelito para que lo impriman o lo muestren en una pantalla, se saquen una foto y la compartan en redes con la cuenta de nuestra comisión interna y el hashtag #ElSueldoNoAlcanza. ¿Se copan? Porfiiiiissss.
El jueves 26 a las 16 les esperamos en la puerta del diario (Venezuela 356, Ciudad de Buenos Aires) para celebrar junto a les trabajadores los 35 años del medio.
CALENDARIO DE JUICIOS
Lunes: A las 9, audiencia de alegatos en Caballero Vidal, en San Juan, y de testimonios en el juicio Conscriptos, en Resistencia, Chaco. A las 9.30, alegatos en vuelos de la muerte en Campo de Mayo, en San Martín, y en el juicio Folch, en Rosario. A las 13 audiencia de testimonios en el juicio por los hechos del Hogar de Belén, en La Plata.
Martes: A las 8.30, audiencia en Brigadas, La Plata.
Miércoles: Feriado.
Jueves: A las 8.30, alegatos en Megacausa de Jujuy. A las 9, audiencia de testimonios en Operativo en la Quinta La Pastoril.
Viernes: A las 9, planteos preliminares a los alegatos en Regimiento de Infantería número 6 de Mercedes, en Ciudad de Buenos Aires. A las 14.30, audiencia en Megacausa San Juan III.
Comparto un aporte que me llegó por correo sobre el fallo por la Masacre de Napalpí:
Buen día Ailín, cómo va?
Leo en la nota sobre Napalpí de Mariángeles Guerrero que "No se aludió a la reparación en materia de restitución de tierras a las comunidades" y me viene a la mente otra nota de Alejandro Jasinski (https://www.elcohetealaluna.com/dos-tres-muchos-napalpi/), que desmenuza el fallo de la jueza y explica un poco ese punto:
La realidad del acceso a la tierra para las comunidades indígenas del país no admite tranquilidad alguna. Pero este juicio se circunscribió a los hechos ocurridos en Napalpí, a comunidades específicas que padecen hoy importantes insuficiencias, como la del acceso al agua corriente, pero no la de la tierra, que tiene en Colonia Aborigen (Napalpí), desde 1990, el carácter de comunitaria. Se trata de unas 20.000 hectáreas entregadas en concepto de “reparación histórica”. Es por ello que la fiscalía no refirió al tema de las tierras en las demandas, como tampoco lo hicieron las querellas, lo que incluye a la representación indígena. La jueza Niremperger hizo, en este sentido, una afirmación importante que hace un guiño a otros casos donde no ha existido este tipo de reparación: la Reducción se creó “con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral”.
En fin, sólo para que lo tengas presente, pues hasta donde entiendo fue un gran fallo.
abrazo, Diego